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Dossier El Gran Fundamento - Elementos filtrados por fecha: Miércoles, 28 Diciembre 2016

Estados Unidos impone sanciones a Rusia por ciberataques durante las elecciones

Jueves 29 de diciembre 2016/ El País.es.-

Estados Unidos ha anunciado este jueves duras sanciones contra Rusia, a cuyo Gobierno acusa de haber intervenido en las elecciones presidenciales orquestando ataques informáticos que dañaron la campaña de la demócrata Hillary Clinton y, según la CIA, buscaban favorecer a Donald Trump. Las medidas ilustran el pronunciado cambio de ciclo que afronta la primera potencial mundial. Mientras el presidente electo ha hecho gala de una inusitada proximidad a Rusia, el saliente, Barack Obama, deja en su epílogo acciones de calado contra su viejo enemigo.

La Casa Blanca ha sancionado a cinco entidades y seis individuos por ciberespionaje, ha revelado sus identidades y ha ordenado también la salida del país —en el plazo de 72 horas— de 35 agentes de inteligencia y sus familias adscritos a la Embajada de Washington y del Consulado de Los Ángeles. Asimismo, ha decidido el cierre inmediato de dos centros propiedad del Gobierno ruso en Nueva York y Maryland. Se prohibirá su acceso mañana viernes al mediodía.

En su comunicado, Obama denuncia un "acoso inaceptable" a funcionarios estadounidenses en Moscú, por parte de policía y servicios de inteligencia rusos, y una serie de ciberataques por los que, advierte, "todos los americanos deberían estar alarmados". El presidente ha articulado las sanciones a través de una orden ejecutiva aprobada en abril de 2015 que daba poderes al presidente para responder ante acciones de espionaje informático que pusieran en riesgo infraestructuras críticas o información crítica con fines económicos, entre otros. Ahora ha incorporado una enmienda por la cual también puede aplicar la citada orden 13964 cuando el pirateo busque "interferir o menoscabar en instituciones o procesos electorales".

Los correos robados del equipo de Clinton, difundidos por parte de Wikileaks, revelaron que la dirección del partido demócrata favorecía a Clinton frente a su rival, Bernie Sanders, durante las primarias, lo que supuso la dimisión de la presidenta de la formación. Otros mensajes, de menor repercusión, ponían de relieve algunas contradicciones internas o la proximidad de la candidata con Wall Street, una de sus flaquezas para conquistar al voto más progresista americano.

Moscú, que rechaza las acusaciones, advirtió a través de un portavoz que el Gobierno procederá a las "represalia adecuada" a las sanciones. Las relaciones entre ambos países se encuentran en una de las fases más crispadas del periodo posterior a la Guerra Fría, debido al caso del pirateo y el enfrentamiento en el conflicto de Siria y Ucrania.

Trump reaccionó con una declaración tibia, que no aclara si piensa revocar las medidas cuando tome posesión de su cargo, el 20 de enero. "Es hora de que nuestro país pase a cosas mayores y mejores. No obstante, en interés de este país y su gran gente, me reuniré con los líderes de la comunidad de inteligencia la próxima semana con el fin de informarme de las novedades", dijo, en tono conciliador con unos servicios de inteligencia a los que ha criticado, en el pasado.

En concreto, las sanciones por ciberataques afectan a dos agencias de inteligencia rusas (el Directorio Principal de Inteligencia y el Servicio de Seguridad Federal) y tres compañías (el Centro Especial de Tecnología, Zorsecurity y la Asociación Profesional del Diseño de Proceso de Datos) que, según Estados Unidos, proporcionaron apoyo material para el ciberataque. También ha apuntado a cuatro cargos del Directorio.

En paralelo, el Departamento del Tesoro ha señalado también a dos individuos rusos de pirateo de información financiera con fines económicos, con una sanción que congela sus activos en Estados Unidos y les impide hacer negocios en el país. La Casa Blanca también ha difundido un informe del del FBI y el departamento de Interior con los datos técnicos de los ciberataques que le atribuye a Rusia con el fin de ayudar a compañías e instituciones a defenderse de posibles amenazas.

Trump puede revertir la medida

Por la mañana, fuentes de la Administración citadas por Reuters bajo condición de anonimato señalaron que se quería evitar una escalada de ciberataques entre ambos países y, por ello, descartaban medidas como el robo de comunicaciones por Internet o cualquier otra medida que excediera el pirateo del que acusaban al Gobierno de Putin. No obstante, el presidente Obama advierte de que las acciones anunciadas este jueves no son todas las sanciones previstas, sino que seguirán tomando medidas "en el momento y lugar" de su elección, "algunas de las cuales no serán publicitadas." No tiene mucho tiempo, ya que en 22 días, Trump, reacio a estas medidas, será presidente. La duda es si intentará revocar las ya impuestas pese a la presión de que muchos de los republicanos, empezando por el líder de la Cámara de Representantes (Paul Ryan) las defienden.

Estados Unidos empezó a señalar a Rusia como responsable del pirateo a primeros de octubre mediante un comunicado de la Dirección Nacional de Inteligencia, que engloba a las 17 agencias de espionaje de EE UU, y del Departamento de Seguridad Interior. Faltaba un mes para las elecciones y Obama rehusó hablar de medidas de respuesta, pero este diciembre se conoció que la CIA acusaba a Rusia no solo de estar detrás de los ciberataques, sino de haberlo llevado a cabo con el objetivo de empujar la carrera de Trump a la Casa Blanca.

Este cuestiona dichas conclusiones y se ha mostrado contrario a sanciones. En su momento, cuando se filtraron los primeros correos de la campaña de Clinton, el entonces candidato republicano dejó estupefacta a buena parte del país al animar jocosamente de Rusia a espiar a la candidata republicana. Este jueves, un portavoz del equipo de transición insistió en conferencia telefónica en que el Gobierno, de tenerlas, debería hacer públicas las pruebas de que alguien ha interferido en las elecciones. “Deberíamos seguir adelante con nuestras vidas”, había dicho Trump el miércoles a los periodistas que le preguntaron por el asunto.

Este episodio y las discrepancias sobre el conflicto israelí —a raíz de la última votación en la ONU — han roto el clima pacífico en el que se estaba produciendo el traspaso de poderes entre Obama y Trump.

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Justicia argentina reabre causa contra ex presidenta Fernández por encubrimiento

Jueves 29 de diciembre 2016/ Reuters.-

La Justicia de Argentina reabrió el jueves la investigación a la ex presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los responsables de un atentado, un caso que conmovió al país cuando el funcionario a cargo fue hallado muerto el año pasado tras denunciar los hechos.

La acusación del fiscal Alberto Nisman contra la mandataria fue descartada en distintas instancias judiciales por inconsistencias, pero tras el reclamo de entidades judías, las principales víctimas del ataque, el tribunal decidió reabrir el caso.

"Los hechos denunciados no permiten descartar de plano la posible comisión de ilícitos, debiendo ponderarse elementos de prueba previamente para su desestimación", dijo la Cámara Federal de Casación Penal a través de un comunicado publicado en el sitio web oficial de la Justicia.

La decisión de la Cámara revierte el fallo de una corte de apelaciones argentina de segunda instancia, que desestimó en marzo del año pasado la denuncia contra Fernández -que gobernó el país entre 2007 y 2015- y otros funcionarios.

Tras denunciar a la ex mandataria, el fiscal Nisman fue encontrado en el baño de su casa con un disparo en la cabeza.

En medio de acusaciones cruzadas entre defensores y detractores de la ex presidenta Fernández, que involucran a agentes de inteligencia, aún no se sabe si Nisman se suicidó o fue asesinado.

El fiscal, que investigó durante más de una década el ataque contra la sede de la mutual judía AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994, sostenía que el Gobierno de Fernández buscó encubrir a los acusados iraníes a cambio de profundizar las relaciones comerciales con la república islámica de Irán.

Fernández y algunos de sus funcionarios argumentaron que no la ex mandataria no cometió ningún delito y que no hay pruebas para inculparla, y acusaron a espías locales -con quienes Nisman tenía trato- de participar en la muerte del fiscal.

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"Nos informaron erróneamente y tarde": las explicaciones del gobierno de Bolivia ante la crisis del agua en La Paz

Jueves 29 de diciembre 2016/ BBC Mundo.-

Casi un mes y medio después de que se anunciaron los primeros cortes en el servicio de agua en La Paz, todavía se discute quiénes fueron los responsables de esta inédita situación.

BBC Mundo conversó con la ministra de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Alexandra Moreira, para consultarle cuáles fueron, según ella, las causas y responsables del problema.

La funcionaria dijo que hubo informaciones erróneas y tardías de parte de los directos responsables de la gestión de agua en ese país, que precipitaron el racionamiento del servicio.

"Ha sido la falta de prevención, la falta de operatividad de quienes operan el servicio de dotación de agua potable", aseguró Moreira.

La ministra señaló que, además de las responsabilidades humanas, el cambio climático "juega un papel sustancial" al afectar "las fuentes de almacenamiento y provisión de agua".

Bolivia atraviesa su peor sequía en 25 años. La Paz depende entre un 70% y 85% de las lluvias para almacenar su agua y varias de sus fuentes naturales como lagos y glaciares se redujeron.

¿Se podía frenar la crisis?

"Sí, sí hay medidas que se podían haber asumido en el marco de la disponibilidad de agua que se tenía", afirmó la ministra Moreira.

La autoridad responsabiliza a la entidad prestadora del servicio de agua potable, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), y a la institución estatal reguladora del sector, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), por reaccionar demasiado tarde.

Consultada por BBC Mundo sobre si su ministerio tenía conocimiento del problema que se avecinaba, la autoridad indicó que su despacho solicitó informes sobre el almacenamiento de agua y disponibilidad desde mayo de este año.

"Hasta finales de septiembre nosotros recibimos informes de EPSAS que nos indicaban que la disponibilidad de agua era mayor al volumen demandado. Nos dijeron que estaba garantizado el suministro de agua para la ciudad de La Paz", afirmó la ministra de Medio Ambiente.

EPSAS es una entidad de administración pública que se encuentra intervenida por el gobierno nacional.

La AAPS depende directamente del ministerio que conduce Moreira.

El 16 de noviembre, una semana después de que comenzaron los cortes de servicio, el presidente boliviano Evo Morales pidió "disculpas" a La Paz y destituyó a las principales autoridades de EPSAS y la AAPS.

"Lamentablemente desde la Autoridad de Fiscalización del Agua (AAPS) y desde la gerencia de EPSAS nunca nos han advertido", dijo Morales en aquel momento.

La ministra Moreira le insistió a BBC Mundo que una de las causas fundamentales del racionamiento que se vive en la actualidad está relacionada con que no se recibió la información a tiempo.

Y precisó que esos datos eran útiles "para prevenir y tomar acciones desde meses atrás con la finalidad de que no exista un corte del suministro de agua".

Sin embargo, políticos de oposición y activistas ambientales en Bolivia señalaron que las causas de la escasez de líquido no sólo pueden atribuirse a un par de personas y cuestionaron el manejo "político" del gobierno en entidades de carácter técnico.

¿No conocía del tema?

En contra de la versión del gobierno boliviano, exautoridades que fueron destituidas por la crisis de racionamiento en La Paz aseguran que reportaron del problema a tiempo.

Del mismo modo, el sindicato de EPSAS aseguró que el ministerio de Medio Ambiente fue notificado en mayo del descenso de los niveles de agua.

Consultada al respecto, Moreira aseguró que hasta el mes de septiembre los prestadores de servicio le informaron que el volumen de líquido disponible superaba por amplio margen la demanda prevista en La Paz.

"Los prestadores del servicio (en este caso, EPSAS) tienen una relación entre el volumen disponible y el volumen de la demanda. Si uno prevé que va a haber falta asume ciertas medidas en su momento para evitar un impacto tan directo como el que ha sufrido la ciudadanía paceña", concluyó la ministra de Medio Ambiente.

En la actualidad existen denuncias judiciales impulsadas por el gobierno, la oposición y los propios vecinos por el racionamiento del agua.

La oposición boliviana no cree que Moreira y Evo Morales pudieran haber ignorado la emergencia que se avecinaba en La Paz y que estalló en noviembre.

Unidad Demócrata, partido opositor en el Congreso boliviano, solicitó una interpelación a la ministra de Medio Ambiente por la crisis.

Al respecto, Moreira le señaló a BBC Mundo que las investigaciones establecerán la responsabilidad de las autoridades involucradas con la gestión del servicio hídrico.

¿Logrará Bolivia que no se repita la escasez?

La situación de escasez y severos cortes de servicio que afecta al menos a 94 barrios de La Paz orilló al gobierno nacional a crear lo que se conoce como el "gabinete del agua".

Más de 100 vehículos distribuyen agua en cisternas y trasladan tanques de agua por la ciudad con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Los paceños afectados deben hacer filas sin importar la hora para recibir agua en cualquier recipiente que tengan a la mano.

Más allá de las actividades de emergencia que efectúa el gobierno boliviano, la ministra Moreira señala que ya se realizan trabajos para restablecer el servicio pleno y evitar racionamientos futuros.

"Hay varias medidas que se trabajan. No esperamos únicamente las lluvias. Ya se han concretado dos importantes obras de toma de agua para poder aumentar caudal", explicó la autoridad de Medio Ambiente y Agua.

"También existen tres proyectos a mediano y largo plazo precautelando el abastecimiento para garantizar el agua para La Paz", explicó Moreira.

Se trata de la apertura de nuevas captaciones de agua en las que se invertirán alrededor de US$68 millones para garantizar el abastecimiento en toda la ciudad y para poblaciones vecinas.

Cuestionada por BBC Mundo, Moreira aseguró que no sólo se trata de buscar nuevas vertientes, sino que se buscará agua del subsuelo y se iniciarán planes de educación ciudadana para aprovechar mejor el recurso.

Las críticas

Apenas empezó la crisis boliviana, activistas e investigadores cuestionaron las políticas ambientales y de planificación del gobierno de Evo Morales.

Uno de ellos, entrevistado por BBC Mundo, fue el investigador del Instituto Boliviano de la Montaña Dirk Hoffmann, quien señaló que la sequía y crisis que se vive se había advertido en 2009 y que el gobierno no buscó captaciones nuevas de agua frente a un importante crecimiento en la demanda.

Al respecto, Moreira señaló que se hicieron "grandes inversiones en los últimos 10 años" al respecto.

La ministra destacó que la cobertura de agua potable en 2006, primer año de gobierno de Evo Morales, alcanzaba al 74,1% mientras que en la actualidad esta cifra roza el 85%.

Añadió que el gobierno boliviano adelantó planes para mejorar la cobertura y almacenamiento de agua planificados para los siguientes cinco años.

La crisis del agua en La Paz desató toda clase de sensibilidades políticas y debates de todos los tipos.

Todavía no se conoce a ciencia cierta quiénes son los principales responsables de esta inédita situación, pero ya es todo un capítulo en la historia reciente de la capital administrativa de Bolivia.

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