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Dossier El Gran Fundamento - Elementos filtrados por fecha: Febrero 2017

Crisis en Venezuela: Tribunal Supremo deja sin competencias a la Asamblea Nacional, en manos de la oposición

Jueves 30 de marzo 2017/ El País.es.-

Venezuela se ha quedado sin poder Legislativo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, decidió este miércoles por la noche despojar de competencias a la Asamblea Nacional (AN), con mayoría de la oposición, por estar en “desacato”, según determinó el máximo tribunal el año pasado tras el incumplimiento de varias sentencias. La sentencia número 156 ordena que la Sala Constitucional del TSJ asuma el rol del Parlamento para garantizar el “Estado de derecho”. Entre otros argumentos, el tribunal defiende que se han incorporado tres de los cuatro diputados del Estado de Amazonas (sur de Venezuela) a la AN cuya investidura había sido impugnada.

El dictamen es un golpe fulminante para el Legislativo. Hace dos días, el Supremo arrebató a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil. “Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica”, dijo el mandatario venezolano.

Unas 45 ONG venezolanas han alertado sobre las decisiones del Supremo. “Rechazamos el control constitucional ejercido por un Tribunal Supremo de Justicia, carente de independencia, que ha permitido el ejercicio de facultades ilimitadas por parte del poder Ejecutivo y la interpretación arbitraria del texto constitucional, reiterando el actual poder dictatorial del presidente de la República”, dicen las ONG en un comunicado.

Muchos interpretan que la sentencia es una reacción al intento de la Organización de Estados Americanos (OEA) de activar la Carta Democrática Interamericana, que ha apoyado la Asamblea Nacional. Maduro advirtió el martes, tras conocer los resultados del debate en el organismo internacional, que ejecutará una agenda ofensiva en “defensa de los pueblos”.

El Supremo, que se ha encargado de ir invalidando las decisiones del Parlamento, deja ahora a los diputados opositores en manos del chavismo, que ha acusado a los asambleístas de traición a la patria por apoyar al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El encarcelamiento del diputado de Voluntad Popular Gilber Caro supone un mal precedente en esta trama. En enero, el parlamentario fue detenido por presunta posesión de material de guerra. El vicepresidente Tareck El Aissami instó a los tribunales a castigarlo con “todo el peso de la ley” por estas acusaciones. Para Unidad Democrática este caso se suma a la lista de presos políticos que hay en el país caribeño.

“Con la sentencia que elimina la inmunidad parlamentaria a los diputados podemos tener más casos como el de Gilber Caro en Venezuela. Se trata de algo grave”, señala a este diario la abogada Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia.

La oposición denuncia un golpe de Estado en Venezuela
Jueves 30 de marzo 2017/ El País.es.-

La oposición venezolana ha acusado este jueves al presidente Nicolás Maduro de llevar a cabo un “golpe de Estado”, después de que el Tribunal Supremo —controlado por el chavismo— decidiese retirar las competencias a la Asamblea Nacional (el Parlamento),con mayoría opositora, por estar en “desacato”. "Nicolás Maduro ha organizado un golpe en Venezuela", ha declarado el presidente de la Asamblea Julio Borges. El diputado ha asegurado que el Legislativo desconoce el fallo del tribunal, al que ha calificado de "basura". También el líder opositor Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y ex candidato presidencial, ha calificado la maniobra del Supremo como un "golpe de Estado". Borges ha pedido al Ejército que rompa su silencio ante la "ruptura del orden constitucional".

La sentencia número 156, divulgada el miércoles por la noche, ordena que la Sala Constitucional del TSJ o una instancia que esta designe asuma el rol del Legislativo para garantizar el “Estado de derecho”. Entre otros argumentos, el tribunal defiende que se han juramentado tres de los cuatro diputados del Estado de Amazonas (sur de Venezuela) a la Asamblea Nacional cuya investidura había sido impugnada por supuestas irregularidades en su elección. "[La sentencia] confirma el golpe de Estado continuado del Gobierno forajido y fallido repudiado nacional e internacionalmente", escribió en su cuenta de Twitter el opositor y expresidente del Legislativo, Henry Ramos Allup. 

Este dictamen es un golpe fulminante para el Legislativo. Hace dos días, el máximo tribunal arrebató a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil. “Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica”, dijo el mandatario venezolano.

Este fallo se justifica en el estado de excepción vigente en Venezuela, aunque su Constitución no establece la desaparición de los poderes públicos. Borges ha pedido al Ejército que reaccione ante la ruptura del orden constitucional. “Sabemos que los oficiales de la FAN (Fuerza Armada Nacional) sufren el mismo drama del costo de la vida, de la violencia. Queremos hacer un llamado para que sean los primeros guardianes de la democracia y de la Constitución en Venezuela y se conviertan en parte de la solución”, indicó.

El TSJ todavía no ha indicado cómo asumirá las funciones del poder Legislativo. Pero Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea, supone que se dictarán nuevas “leyes-sentencias” a favor del régimen. “Esta no es una sentencia más, sino una que marca un punto de no retorno de la dictadura. Ya no sólo se trata de anular todo lo que hace la Asamblea Nacional, si no de usurpar todas sus competencias”, explicó.

Protestas

Después de un pronunciamiento en la Asamblea Nacional, los opositores acudieron a la sede del TSJ, en el centro de Caracas, donde se encontraron con un cerco militar y un grupo chavista. Pronto, esta manifestación se ha transformado en violenta. En la trifulca entre la Guardia Nacional y los parlamentarios ha resultado herida Ana Vargas, una periodista del canal de la Asamblea Nacional, Capitolio TV, según el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. También han sido golpeados los diputados Juan Requesens y Carlos Paparoni.

La oposición anunciará este viernes las acciones de calles y protestas. “Sabemos que hay miedo y represión, pero es el momento de ponernos de pie”, agregó Borges.

Pero el chavismo ha preferido el silencio ante los reclamos de los opositores. Unas 45 ONG venezolanas han alertado sobre las catastróficas dimensiones de las decisiones del Supremo. “Rechazamos el control constitucional ejercido por un Tribunal Supremo de Justicia, carente de independencia, que ha permitido el ejercicio de facultades ilimitadas por parte del poder Ejecutivo y la interpretación arbitraria del texto constitucional, reiterando el actual poder dictatorial del presidente de la República”, dicen las ONG en un comunicado.

Muchos interpretan que las sentencias como una reacción al intento de la Organización de Estados Americanos (OEA) de activar la Carta Democrática Interamericana, que ha apoyado la Asamblea Nacional, y la petición de elecciones generales en Venezuela. Maduro advirtió el martes, tras conocer los resultados del debate en el organismo internacional, que ejecutará una agenda ofensiva en “defensa de los pueblos”.

El Supremo, que ha emitido 56 sentencias contra el Parlamento desde enero de 2016, deja ahora a los diputados opositores en manos del chavismo, que ha acusado a los asambleístas de traición a la patria por apoyar al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

 

El encarcelamiento del diputado de Voluntad Popular Gilber Caro supone un mal precedente en esta trama. En enero, el parlamentario fue detenido por presunta posesión de material de guerra. El vicepresidente Tareck El Aissami instó a los tribunales a castigarlo con “todo el peso de la ley” por estas acusaciones. Para Unidad Democrática este caso se suma a la lista de presos políticos que hay en el país caribeño.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges, rompe la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, durante una conferencia en Caracas.
Foto Reuters: El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges, rompe la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, durante una conferencia en Caracas.

Los diputados de la oposición Carlos Paparoni (segundo por la derecha) y Carlos Paparoni (centro) se enfrentan a soldados de la Guardia Nacional frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas.
Foto AFP: Los diputados de la oposición Carlos Paparoni (segundo por la derecha) y Carlos Paparoni (centro) se enfrentan a soldados de la Guardia Nacional frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas.

Un partidario de la oposición tiene una bandera venezolana con una señal que dice "No más dictadura" durante una protesta contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela.
Foto Reuters: Un partidario de la oposición tiene una bandera venezolana con una señal que dice "No más dictadura" durante una protesta contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela.

 

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La República Democrática del Congo, el país donde murió la chilena experta de la ONU

Jueves 30 de marzo 2017/ La Tercera.-

El segundo país más grande de África, la República Democrática del Congo, que durante más de dos décadas fue conocido como Zaire, está en una condición de permanente peligro, crisis y una guerra interna. No por nada los conflictos que se registran en el país desde 1998 han dejado más de seis millones de muertos y entre estos se cuentan dos expertos de Naciones Unidas, la sueco-chilena Zaida Catalán y el estadounidense Michael Sharp, asesinados este mes.

Los dos funcionarios de la ONU habían desparecido el 12 de marzo junto a otros cuatro congoleños mientras investigaban la violencia que golpea a varias regiones del sur del país, en la provincia de Kasai Central. Catalán y Sharp formaban parte del grupo de expertos para vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad del organismo mundial a la República Democrática del Congo.

Quien podría estar detrás de la muerte de los funcionarios internacionales es la milicia Kamuina Nsapu. Se trata de un grupo armado que redobló sus acciones violentas luego de que las tropas gubernamentales mataran en agosto pasado a su líder, Kamuina Nsapu, a quien debe el nombre de la guerrilla. Nsapu no reconocía la autoridad del gobierno de Kinshasa en sus dominios.

A raíz del recrudecimiento de la violencia unas 400 personas han muerto y unas 200.000 han tenido que abandonar sus casas, según Naciones Unidas.

Pero así como esta, son varias las milicias que se mantienen activas en buena parte del territorio de la República Democrática del Congo, un país que fue colonia belga y es tan inestable y volátil en la misma proporción de su riqueza de recursos minerales. Es el mayor productor mundial de cobalto y uno de los mayores de cobre y diamantes.

Desde 1999 la ONU tiene desplegada una misión de estabilización en el país, Monusco. Se trata de la misión más grande y costosa del organismo, con casi 20 mil uniformados (la misión de la ONU en Haití tiene unos 2.400 efectivos). Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU votaría hoy por unanimidad reducir en un 7% el contingente, es decir, pasaría de 19.815 a 18.316 el número de sus efectivos. Eso a pesar de que el secretario general del organismo, Antonio Guterres, había pedido hace poco al consejo el envío de 300 policías suplementarios.

En medio de los combates de las diversas facciones armadas, el país se encuentra hundido en una grave crisis política. Eso debido a los intentos del actual Presidente Joseph Kabila de mantenerse en el poder, pese a que ya completó los dos períodos que permite la Constitución.

Deberían haberse celebrado nuevas elecciones en diciembre pasado. Las autoridades las pospusieron indefinidamente con el argumento de que había deficiencias en el censo de los votantes. Un acuerdo firmado entre el gobierno y la oposición determinó que Kabila deberá dejar el poder en diciembre próximo, cuando se celebren nuevos comicios. Pero discrepancias por la designación de un primer ministro interino podría ahogar ese pacto político.

La República Democrática del Congo ha tenido cuatro Presidentes desde su independencia, en 1960. Joseph Kasavubu, quien fue derrocado por Mobutu Sese Seko en 1965. Mobutu fue desbancado por el líder miliciano Laurent-Desiré Kabila en 1997. Sin embargo, cuatro años después, Kabila fue asesinado y asumió en su reemplazo su hijo, Joseph.

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Ex presidente de la Cámara baja de Brasil Cunha, sentenciado a 15 años prisión por corrupción

Jueves 30 de marzo 2017/ Reuters.-

El ex presidente de la Cámara baja del Congreso de Brasil Eduardo Cunha fue hallado culpable y sentenciado el jueves a más de 15 años de prisión por cargos de corrupción, según la resolución de una corte federal, siendo el político de perfil más alto condenado dentro la investigación "Lava Jato".

El equipo legal del ex político dijo que apelará a la decisión, pero Cunha seguirá preso a la espera de la apelación.

Cunha, que encabezó la impugnación de la ex presidenta Dilma Rousseff, tuvo que dejar la presidencia de la Cámara de Diputados en julio. Lo arrestaron en octubre por acusaciones de que habría recibido millones de reales en sobornos por la compra de un yacimiento petrolífero en Benín por parte de la estatal Petrobras.

Cunha enfrenta otro juicio por supuestamente haber recibido 5 millones de dólares relacionados con dos contratos para la construcción de dos buques sonda para Petrobras.

En febrero de 2015 Cunha, miembro del PMDB -que por una década fue el socio principal la coalición de los gobiernos del PT-, consiguió la presidencia de la Cámara de Diputados.

Seis meses después, Cunha rompió oficialmente con el gobierno de Rousseff, diciendo que estaba usando la pesquisa en Petrobras como una herramienta de "persecución política" en su contra.

Como presidente de la cámara baja, Cunha permitió en diciembre de 2015 el inicio del proceso de juicio político contra Rousseff, a quien se acusó de violar normas presupuestarias.

La decisión se anunció horas después de que diputados del PT votaran para que se realizara una pesquisa contra Cunha en la comisión de Ética de la cámara por cuentas que mantenía en Suiza.

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Trump entierra la lucha contra el cambio climático de Obama

Martes 28 de marzo 2017/ El País.es.-

Si el expresidente Barack Obama puso a Estados Unidos en un puesto de liderazgo en la lucha contra el cambio climático, Donald Trump ha situado al país en la dirección contraria. Apenas dos meses después de ocupar el cargo, el mandatario republicano ha puesto en marcha el desmantelamiento de todas las medidas para reducir las emisiones, la dependencia de energías contaminantes y lanzar el mercado de las renovables. Trump firmó este martes una orden ejecutiva con media docena de medidas para recuperar la producción de energías fósiles que amenaza con arrastrar al país décadas atrás.

EE UU dice adiós a una de las piezas clave del legado de Obama y da la bienvenida a “una nueva revolución energética”, en palabras de Trump. “Se ha acabaron los abusos del gobierno federal”, dijo el presidente. “Se trata de recuperar los puestos de trabajo, volver a cumplir sueños y hacer que América sea rica de nuevo”. La Administración republicana argumenta que el demócrata llevó a cabo una “guerra contra el carbón” y “despreció a los trabajadores” con sus políticas.

Las nuevas medidas abarcan varias agencias federales y suponen el abandono de las restricciones a las emisiones contaminantes, abren la puerta a la explotación de petróleo y gas en terrenos públicos, y rescinden la obligación gubernamental de considerar el impacto ecológico de sus proyectos. “Cuando se trata de cambio climático, queremos hacer nuestro camino y a nuestra manera”, adelantó este lunes un asesor del presidente.

La decisión de Trump coincide con lo que ha defendido hasta ahora y es el paso más ambicioso para deshacer el trabajo de su antecesor para limitar las explotaciones de carbón, petróleo y otras energías contaminantes. Hace varios años que el magnate argumenta que el cambio climático “es una invención china”. Nada más llegar a la Casa Blanca nombró a Scott Pruitt como responsable de la Agencia de Protección Ambiental a pesar de que en su etapa como fiscal general de Oklahoma se querelló en más de una docena de ocasiones contra el organismo que hoy dirige. Pruitt, como Trump, ha cuestionado el papel del hombre en el cambio climático.

La Administración republicana ha explicado que hay políticas de Obama que “deben ser eliminadas” directamente y otras que serán revisadas “para adaptarlas a las prioridades del presidente”. La nueva orden ejecutiva elimina cualquier intento de ralentizar los efectos del calentamiento global —EE UU ya padece la subida del nivel del mar y de las temperaturas—, al anular las restricciones a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta decisión hace prácticamente imposible que EE UU cumpla con su objetivo de reducir las emisiones un 30% para 2030, por debajo de los niveles de 2005, como se había comprometido hasta ahora. En el aire queda también que el país cumpla con su parte del Acuerdo de París. La Administración Trump asegura que “no existe una obligación” de regular las emisiones de plantas contaminantes y que el presidente todavía debate si EE UU debe abandonar el pacto global contra el cambio climático.

El decreto también se establece que, con efecto inmediato, ninguna agencia del gobierno deberá justificar el impacto ambiental de sus medidas al proponerlas para su aprobación y rebaja el riesgo del cambio climático al considerar cualquier proyecto. El gobierno federal revisará además el “coste social del carbón”, una estimación del precio que pagan los ciudadanos por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera.

La Casa Blanca tendrá más difícil revertir el proyecto de Obama conocido como Plan de Energías Limpias, pero su decreto es una señal inequívoca de que las prioridades de la industria del carbón están por encima de la protección del medio ambiente. Aquel plan ha sido descrito por el equipo de Trump como una declaración de “guerra contra el carbón” e inspiró una querella de 28 Estados contra la EPA en 2016 que logró que nunca entrase en vigor.

El decreto presidencial ordena ahora a la agencia que escriba una nueva versión del plan y debe hacerlo basándose en datos científicos denostados por la Administración republicana. Preguntado este lunes por el consenso en torno al calentamiento global y el efecto de las acciones del hombre, un asesor especial del presidente en política ambiental respondió “no sé de qué me hablas”. El gobierno reitera que la prioridad es lograr la “independencia energética” de EE UU. “Se puede responder al cambio climático sin dañar la economía gracias al carbón limpio, la energía nuclear e incluso las renovables”, explicó el asesor.

UNA NUEVA BATALLA LEGAL

Las organizaciones defensoras del medioambiente aseguran que responderán a este decreto en los tribunales. “El ataque de Trump ignora la realidad. Pelearemos en los juzgados, en las calles y en todos los Estados para proteger la salud de América”, declaró este martes Michael Brune, director ejecutivo de Sierra Club. El movimiento por el medio ambiente, que ha convocado nuevas concentraciones esta primavera, cuenta con el apoyo de la exdirectora de la EPA, Gina McCarthy, que ha calificado las medidas republicanas como “peligrosas” y “vergonzosas” para EE UU.

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El "monstruoso" ciclón Debbie que obligó a evacuar 30.000 personas en Australia

Martes 28 de marzo 2017/ La Vanguardia.com.-

El ciclón Debbie, de categoría 4 de un máximo de 5, llegó hoy con fuertes vientos y lluvias torrenciales a la costa del noreste de Australia, donde miles de personas han tenido que ser evacuadas.

El ciclón tocó tierra entre las localidades de Bowen y Airlie Beach, en el estado de Queensland, con vientos de 270 kilómetros por hora cerca del centro después de azotar las turísticas islas Whitsunday y Hamilton.

El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, informó que “las condiciones se están deteriorando” antes de anunciar que el Ejército coordinará las tareas de rescate en Queensland cuando termine de pasar el ciclón.

Más de 38.000 personas se encuentran sin electricidad en Whitsunday y en Mackay a causa de la tormenta, que se desplaza lentamente en tierra firme derribando árboles. En Bowen la fuerza del viento arrancó los techos de algunas edificaciones e hizo volar los escombros por los aires.

“Puedo escuchar los árboles que comienzan a pasar. Da miedo. Los árboles se están derribando (...) si estamos a la mitad, cuando haya pasado (el ciclón) por completo será devastador”, dijo una vecina de Proserpine a la cadena local ABC

El ciclón Debbie, que ha obligado a evacuar unas 30.000 personas de zonas bajas del litoral, no será rebajado a tormenta tropical hasta el miércoles al mediodía, según estimó el gerente de los Servicios de Emergencia de la región norte, Dale Camp.

“Se debilitará a un sistema de baja presión pero existe la posibilidad de que se desplace por la costa más abajo (al sur) y que afecte a Bundaberg y la Bahía Hervey”, indicó Camp

De momento se desconoce el alcance de los daños ocasionados por el ciclón, aunque las aseguradoras ya lo han declarado como catástrofe. Las autoridades estiman que el Debbie habrá sido el ciclón más potente en afectar Australia desde el Yasi, que en 2011 generó un oleaje que causó numerosos daños en el litoral.

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Ministro boliviano a canciller chileno, sobre Michelle Bachelet: "Que le pida disculpas a su abuela"

Martes 28 de marzo 2017/ Infobae.-

El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, respondió el martes en duros términos al canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien le pidió que se disculpara por presuntamente ofender a la presidente Michelle Bachelet.

"Que le vaya a pedir disculpas a su abuela", dijo Ferreira en conferencia de prensa, avivando aún más las tensiones entre ambos países.

"No he insultado a nadie, he hecho el uso de mi libertad de expresión en mi cuenta de Facebook de compartir un meme que llama a boicotear los productos chilenos. ¿Qué delito es ese?", preguntó.

Chile anunció este martes haber denegado el visado diplomático a Ferreira, que quería visitar a dos soldados bolivianos y siete funcionarios aduaneros detenidos por cargos de robo, un caso que volvió a crispar las tensas relaciones entre los dos países vecinos.

El canciller chileno justificó la decisión alegando que Ferreira ha propiciado un boicot contra los productos chilenos y "se ha referido en términos ofensivos a la presidente de la República y a Chile", cuando afirmó que la mandataria había sido malinformada del incidente.

Muñoz dijo, sin embargo, que Santiago puede reevaluarla si pide disculpas.

El presidente boliviano, Evo Morales, comparó de su lado la denegación de la visa a las medidas que se tomaban "en tiempos de dictadura pinochetista".

"Todo por ocultar la verdad y defender el contrabando", escribió en su cuenta de Twitter el mandatario.

Cada país tiene su versión del incidente. Chile asegura que detuvo a los implicados cuando intentaban robar camiones en su territorio, mientras que Bolivia asegura que cumplían tareas de fiscalización, por lo que exige pruebas que demuestren sus acusaciones.

El gobierno chileno revocó el año pasado un acuerdo que eximía de visas a los diplomáticos de ambos países pese a que carecen de relaciones diplomáticas desde marzo de 1978, tras una visita sin previa autorización oficial del ex canciller boliviano David Choquehuanca.

Ambos países arrastran tensiones desde la guerra que los enfrentó a fines del siglo XIX, en la que Bolivia perdió su acceso al mar, y mantienen sendas demandas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Bolivia denunció a Chile exigiendo se le obligue a negociar la salida al mar que perdió en la guerra librada en el siglo XIX, mientras que Chile planteó una denuncia por el uso internacional de las agua del río Silala.

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