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John O'Reilly tiene los días contados en Chile: Suprema rechaza recurso de protección y autoriza expulsión del sacerdote

Miércoles 3 de mayo 2017/ El Mostrador.-

Este miércoles, en forma unánime la Tercera sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado a favor del sacerdote irlandés John O’Reilly, condenado el 11 de noviembre de 2014 por abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad del Colegio Cumbres.

De acuerdo a la resolución del máximo tribunal no existe actuar arbitrario del Ministerio del Interior al decretar la expulsión del país del ciudadano extranjero, a quien el Congreso le quitó la nacionalidad por gracia que le había sido concedida.

Es por esto que se hará efectivo el decreto de expulsión del país para el sacerdote dictado por la Subsecretaría del Interior.

Ahora el Ministerio del Interior deberá determinar el destino del sacerdote que deberá salir del país dentro de las próximas 72 horas como expulsado tras una condena por abusos sexuales.

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O’Reilly recurre contra Interior y pide a la justicia intervenir para no ser expulsado de Chile

Martes 12 de julio 2016/ Emol.-

"Fue chileno desde la publicación de esa ley (nacionalidad por gracia) y hasta la fecha de revocación". Ese es el principal argumento que se desglosa en el recurso de protección presentado por los abogados del sacerdote John O´Reilly. Este pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago intervenir ante el decreto de expulsión que el Ministerio del Interior le notificó el 9 de junio pasado, señala "El Mercurio".

Según los documentos, el Departamento de Extranjería revocó su permiso de residencia definitiva "argumentando para ello que como extranjero había incurrido en la comisión de delitos que afectaron bienes jurídicos de interés colectivo", ordenándose su expulsión una vez cumplida su condena en Chile. O’Reilly fue condenado el 11 de noviembre de 2014, en fallo dividido, a cumplir la pena de 4 años y un día por abuso sexual de menores bajo el beneficio de la libertad vigilada.

Esto contempla un plan de reinserción social a cargo de Gendarmería, el cual se encuentra cumpliendo en la actualidad, dice el recurso. La defensa de O’Reilly —a cargo de los abogados Cristián Muga y Leonardo Bataglia— decidió recurrir de protección alegando un desigual trato ante la ley de Interior contra el sacerdote.

Esto porque se le aplica la Ley de Extranjería, siendo que cuando fue condenado por el Tercer Tribunal Oral de Santiago aún era un ciudadano chileno, que gozaba de la nacionalidad por gracia, la que fue revocada recién el 14 de abril de 2015, es decir, cinco meses después de ejecutoriado el fallo.

"El decreto revocatorio omite que el suscrito era chileno a la época de haberse cometido los hechos por los cuales fui condenado (…) La condena por mayoría señaló que los hechos ocurrieron en el año 2010 y en el año 2012.

A este respecto, cabe reiterar que la nacionalidad por gracia me fue concedida con fecha 5 de enero de 2009, es decir, más de un año antes de la ocurrencia del primer hecho por el cual fui condenado", dice O'Reilly a través del escrito.

La Corte de Apelaciones acogió a trámite el recurso de protección y dio cinco días al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y al jefe de Extranjería, Rodrigo Sandoval, para que evacuen informe sobre estas presuntas garantías constitucionales vulneradas.

El sacerdote asegura que "resulta de toda lógica; la ley de extranjería y su reglamento no se aplican a chilenos, y como he dicho, era chileno al momento de la ocurrencia de dichos actos, y solo con posterioridad a los hechos, más aún a la misma sentencia, en el mes de abril de 2015 dicha nacionalidad fue revocada".

Según O'Reilly, "hasta antes del acto denunciado, mi situación migratoria era completamente regular" y aseguró que expulsarlo es arbitrario también porque "atenta contra los fines de la pena alternativa".

En ese sentido, dijo que "la reinserción social es un proceso de aprendizaje, adopción e interiorización de un comportamiento social orientado hacia el prójimo y el medio que lo rodea (…) estos esfuerzos y recursos fiscales carecen de sentido y función social si debo abandonar el país luego de cumplir el plan de intervención".

 

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