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Dossier El Gran Fundamento - Elementos filtrados por fecha: Domingo, 05 Febrero 2017

La Iglesia Católica australiana recibe 4.500 denuncias por pederastia en 35 años

Lunes 06 de febrero 2017/ RTVE.-

Un total de 4.444 personas han denunciado haber sufrido abusos sexuales siendo menores por parte de miembros de la Iglesia Católica en Australia entre 1980 y 2015, según un informe de la Comisión Real de la Respuesta del Estado al Abuso de Menores.

La abogada consejera del órgano, Gail Furness, ha explicado en la reanudación de las audiencias de la Comisión -creada originalmente con el objetivo de dar respuesta institucional a los casos de abusos sexuales infantiles que se produjeron dentro de la Iglesia Católica- que han recabado un total de 4.444 denuncias que apuntan a centenares de religiosos y 93 altos cargos de la iglesia, además de afectar a más de un millar de instituciones.

"Los niños fueron ignorados o, peor aun, castigados. Las denuncias no fueron investigadas", ha señalado la abogada Furness, que también ha criticado la gestión de estos casos por parte de la Iglesia y ha denunciado que los relatos de las víctimas son "deprimentemente similares".

Durante la sesión, la abogada también ha detallado el modus operandi de los responsables cuando descubrian un caso: "Curas y religiosos fueron reubicados. Las comunidades adonde fueron trasladados desconocían su pasado. Los documentos no fueron guardados o fueron destruidos. El secretismo prevaleció, al igual que los encubrimientos".

La abogada también ha denunciado ante la Comisión las dificultades impuestas por el Vaticano para obtener información sobre los abusos sexuales y en particular respecto al caso de un sacerdote acusado de pederastia. "La Comisión Real esperaba un mejor entendimiento sobre la acción que debería tomar en cada caso. La Santa Sede respondió el 1 de julio de 2014 que 'no era posible ni apropiado proveer la información requerida'", ha explicado Furness.

Identificados 1.880 presuntos abusadores

La comisión real tomará declaración a casi todos los obispos del país en varias vistas públicas que durarán hasta el 27 de febrero. En total, unas 1.880 personas han sido identificadas como presuntos perpetradores de abusos. De estos, 597, o el 32% eran hermanos religiosos; 572, o un 30%, sacerdotes; 543, o un 29%, laicos, y 96, o el 5%, eran hermanas religiosas, ha precisado Furness.

Los datos sugieren además que entre 1950 y 2010, más del 20% de los Hermanos Maristas, los Salesianos de Don Bosco y los Hermanos Cristianos fueron acusados de abusos sexuales, mientras que en la orden de San Juan de Dios la proporción sube a un 40,4%. En concreto, en esas seis décadas un 7% de los sacerdotes católicos -1,265- fue denunciado en algún caso de pederastia.

Los datos recopilados indican que el 78% de los denunciantes fueron varones y un 22%, mujeres. También revelaron que la edad media de las víctimas fue de 11,6 años en el caso de niños y de 10,5 en el caso de niñas, y que las víctimas tardaron una media de 33 años en presentar las denuncias después de que el supuesto delito fuera cometido.

Francis Sullivan, director ejecutivo del Consejo de la Verdad, Justicia y Reconciliación, el organismo dedicado a coordinar la respuesta de la Iglesia Católica hacia las víctimas, calificó las cifras como "trágicas e indefendibles". "En cada entrada en este banco de datos, la mayor parte representa a un niño que sufrió a manos de alguien que debió cuidarlo y protegerlo", ha insistido Sullivan.

Este lunes se ha celebrado el primer día de una serie de audiencias en las que se abordarán las denuncias de abusos sexuales, cómo afrontó estos casos la Iglesia Católica en el pasado y cómo lo hace en el presente, entre otros asuntos. Durante estas vistas declararán seis de los siete arzobispos de Australia y líderes de las órdenes religiosas, entre ellos el arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, considerado el más alto cargo de la jerarquía católica acusado de encubrir abusos a menores.

El arzobispo de Sídney pide perdón

El arzobispo de Sídney, Anthony Fisher, uno de los llamados a declarar, ha pedido perdón en una pastoral por el daño causado en el pasado y ha confiado en que la Iglesia Católica saldrá reforzada de este "camino de humillación". "La Iglesia lo lamenta y yo lamento los errores del pasado que dañaron a tantas personas (...). Estoy convencido de que al final de la humillación y la purgación por la que estamos pasando seremos una Iglesia más humilde, más consciente y más compasiva en este área", ha señalado el prelado.

"Pero estamos en un viaje y todavía queda mucho por hacer, por ello estamos agradecidos por el estudio concienzudo y la orientación profesional de la Comisión Real", ha añadido Fisher.

La Comisión se creó en 2012 para investigar la respuesta de las autoridades a los casos de abusos sexuales a menores cometidos en instituciones públicas, sociales, deportivas y religiosas. En estos cinco años, de 309 casos de abusos que la Comisión ha derivado a la policía australiana, se ha iniciado el proceso en un total 27 y hay 75 casos más en investigación.

El año pasado el comité presentó 99 recomendaciones a las autoridades sobre cómo atender a las víctimas, además de un plan de compensaciones de 4.000 millones de dólares australianos (3.061 millones de dólares estadounidenses o 2.845 millones de euros) financiado por los centros donde se cometieron los abusos.

El 4 de noviembre pasado, el Gobierno de Australia anunció que indemnizará a cada víctima de abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones públicas y religiosas del país con hasta 150.000 dólares locales (114.850 dólares de EEUU o 107.000 euros).

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El presidente de los Comunes se opone a que Trump de un discurso en el Parlamento británico

Lunes 06 de febrero 2017/ La Vanguardia.com.-

El presidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bercow, expresó este viernes su "fuerte oposición" a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncie un discurso ante las cámaras en una futura visita de Estado al Reino Unido.

"Me opongo firmemente a que el presidente Trump pronuncie un discurso en Westminster Hall", dijo Bercow, que justificó su punto de vista por el veto impuesto por el mandatario estadounidense a los inmigrantes de siete países de mayoría musulmana, si bien subrayó que "valora" la relación de Londres y Washington.

"Creo firmemente que nuestra oposición al racismo y al sexismo, así como nuestro apoyo a la igualdad ante la ley y la independencia judicial, son asuntos extremadamente importantes para la Cámara los Comunes", señaló.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, invitó a Trump a una visita de Estado al Reino Unido cuando ambos se reunieron recientemente en Washington, una decisión que ha desatado críticas desde la oposición.

Bercow recibió hoy el aplauso de la bancada laborista tras afirmar que la invitación a un líder extranjero a dirigirse a las cámaras británicas "no es un derecho automático, sino un honor que debe ganarse".

"A pesar de que habitualmente una invitación a un líder que está de visita para ofrecer un discurso se haría en nombre de los dos presidentes (de los Comunes y de la Cámara de los Lores), yo no querría extender esa invitación al presidente Trump", recalcó.

El responsable de la Cámara baja británica agregó que hay "numeroso precedentes" en el Reino Unido de visitas de Estado en las que el mandatario extranjero no se ha dirigido al Parlamento.

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, dio la bienvenida al punto de vista de Bercow, que fue elegido diputado por el Partido Conservador. "Debemos defender los valores de nuestro país. La visita de Estado de Trump no se debe producir", afirmó Corbyn en Twitter.

El próximo 20 de febrero, el Parlamento debatirá si se debe recibir a Trump en el Reino Unido, después de que más de 1,6 millones de personas se hayan opuesto a la visita del magnate en una petición a través de internet. Los diputados considerarán también una petición ciudadana en sentido contrario, que ha recabado las 100.000 firmas necesarias para que sea estudiada por la Cámara de los Comunes.

La Administración de Trump alerta de que frenar el veto migratorio pone en peligro a Estados Unidos
Lunes 06 de febrero 2017/ El País.es.-

El Gobierno de Estados Unidos defendió este lunes que el decreto migratorio aprobado por Donald Trump, que veta temporalmente la entrada en el país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, fue un “ejercicio legítimo” de la autoridad del presidente y que su bloqueo por los tribunales “menoscaba la seguridad nacional”. Estos son los dos argumentos básicos en torno a los que giran las alegaciones presentadas esta tarde por el Departamento de Justicia ante la Corte Novena de Apelaciones, en San Francisco, que ha convocado una vista oral para mañana, que tendrá lugar por vía telefónica.

El caso ha acabado en esta Corte después de que un juez federal de Seattle, James Robart, lo dejara en suspenso el viernes como medida cautelar a raíz de la denuncia presentada por los estados de Washington y Minnesota. El Gobierno de Trump lo recurrió este fin de semana sin éxito y este lunes tenía una última oportunidad de presentar nuevos argumentos, como también lo hicieron los estados.

La suspensión no aborda el fondo del asunto, la medida más polémica de las primeras semanas del Gobierno de Trump, sino que se basa en la conveniencia de detener la orden ejecutiva mientras se resuelve el caso en los tribunales. Este decreto, aprobado en la tarde del viernes 27 de enero, supuso la revocación de los visados de unas 60.000 personas que tenían los documentos en regla para entrar en el país y provocó un caos en decenas de aeropuertos de todo el país durante aquel fin de semana.

Según la apelación del Gobierno, la decisión judicial esa orden ejecutiva en todo el país es “ampliamente exagerada”, ya que se extiende a cláusulas del decreto que ni siquiera los que la disputan ante los tribunales afirman que sean ilegales. Además, agrega el argumento legal, el estado que empezó esta batalla, Washington, está pidiéndole a los jueces que den el “extraordinario paso de interpretar una decisión formal de seguridad nacional tomada por el presidente”.

 

Por su parte, los estados de Minnesota y Washington defendieron que reactivar el veto volvería a “crear un caos” y supondría una disrupción en las vidas de los miles de personas afectadas. A esta batalla legal se han sumado también casi un centenar de firmas tecnológicas de Silicon Valley para las que las limitaciones a la hora de trabajar con profesionales de otros países suponen un serio contratiempo.

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Lava Jato: El caso de corrupción que pone de cabeza a los políticos de América Latina

Lunes 06 de febrero 2017/ El Mostrador.-

En Perú piden la cabeza del ex Presidente Alejandro Toledo y se investiga también a Alan García y al matrimonio Humala. En Chile se indaga la campaña de 2013 de Michelle Bachelet. En Argentina el director de la inteligencia nacional está imputado, y en Panamá se le sigue la pista a los hijos del ex Presidente Martinelli. En Venezuela, República Dominicana y Honduras se detuvieron millonarias obras públicas. El caso Lava Jato extiende sus tentáculos por toda América Latina y hace tambalear a políticos de todo el espectro.

Comenzó con una red de lavanderías y estaciones de servicio y carwash -de ahí el nombre "Lava jato", "Lavado de autos"- en Brasil, y ahora sus tentáculos abarcan toda América Latina con casos de corrupción y enriquecimiento ilícito que hacen tambalear gobiernos.

Una serie de grandes empresas brasileñas pagaron sobornos a políticos de varios países para hacerse con millonarias licitaciones de obras públicas. Las primeras en conocerse fueron las de Petrobras, e involucraron a altos miembros de los gobiernos de Lula y Dilma pero también a personeros de la oposición, y luego se fueron sabiendo casos de otros países: carreteras, gasoductos, represas, las empresas brasileñas se convirtieron en verdaderas multinacionales de las coimas. Pero especialmente dos: OAS y Odebrecht.

El último caso en destaparse, de hecho involucra a la segunda empresa, una mega constructora de dimensiones globales. Odebrecht habría pagado $20 millones de dólares en sobornos al entonces Presidente del Perú Alejandro Toledo para adjudicarse los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur. Pero no acaba ahí, porque todos los ex Presidentes democráticos que quedan con vida en dicho país están siendo investigados.

Hasta ahora una decena de países ha solicitado información a la Fiscalía de Brasil para investigar probables irregularidades en sus territorios: Perú, Argentina, México, Panamá, Uruguay, y más recientemente Chile, a raíz de un reportaje de la revista Veja que dice que Bachelet podría haber sido financiada ilegalmente por OAS en su campaña de 2013. De acuerdo a cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solamente la empresa Odebrecht gastó más de $800 millones de dólares en sobornos en tres continentes.

La investigación ha alcanzado tales dimensiones en Brasil, que el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de ese país, ha suspendido el pago de $3600 millones de dólares para 16 proyectos en Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba y Honduras, debido a la inseguridad de que esos dineros puedan ir a obras de licitación ilícita. La ampliación del metro de Caracas se vio directamente afectada por esta decisión, debido a que sería en parte financiada con estos dineros. En República Dominicana en tanto, quedan en suspenso $2500 millones de dólares que iban destinados para infraestructura vial y una usina termoeléctrica.

En el Perú, país que por culpa de este caso vive una verdadera cacería en su clase política, el gobierno le retiró a Odebrecht la concesión del Gasoducto Surperuano, avaluado en $7000 mil millones de dólares. La constructora admitió haber pagado $29 millones de la divisa estadounidense en sobornos. Solo el 30% de la obra se alcanzó a realizar. La esposa de Ollanta Humala, ex Presidente de ese país, Nadine Heredia, está siendo investigada por dicho gasoducto, y de hecho debe viajar a Lima todos los meses desde Roma para firmar y controlar su situación. Solo así se permitió que pudiera aceptar un cargo en la FAO, para el que fue nombrada polémicamente en diciembre pasado.

En la Argentina la situación tampoco es mejor. El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, fue imputado este mes por recepción de coimas. Resulta que en 2013 un operador financiero brasileño condenado en el Lava Jato, transfirió a la cuenta de Arribas más de medio millón de dólares. Odebrecht reconoció que entre 2009 y 2014 que pagó "propinas" a funcionarios en Argentina y Panamá. Al hoy director de la AFI se le transfirió dinero el día siguiente que Odebrecht ganó la licitación para el Ferrocarril Sarmiento, en asociación con IECSA, una empresa de un primo hermano del Presidente Mauricio Macri.

Otro país ligado directamente al Lava Jato es Panamá, donde los hijos del ex Presidente Ricardo Martinelli están en la mira por 10 transferencias a sus sociedades de parte de filiales y sub empresas de Odebrecht. Durante el gobierno de Martinelli la constructora brasileña se adjudicó millonarias licitaciones de obras públicas. Para estos pagos se usaron bancos de Macao, Bahamas, Panamá, Islas Vírgenes, Austria y Suiza. Por el momento 17 personas son investigadas en el istmo por este caso.

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